PARO DE TRANSPORTE EN BOGOTA

Colombia es uno de esos países donde los rituales de seguridad son permanentes y extremos. A pesar de la solemnidad y la larga tradición de dichas prácticas, el país se clasifica entre los más inseguro de America Latina y el Caribe, sobre todo en lo que compete a las accione generadas por la delincuencia común.

Frente a lo anterior vale preguntarse ¿Por qué después de ocho años continuos de una política centrada en el tratamiento policial y militar de la inseguridad, que ha condensado todas las estrategias, que en esta metería el Estado colombiano ha puesto en práctica después de los años 60, la inseguridad sigue siendo una calamidad social, que golpea de manera frontal a la sociedad colombiana?

La respuesta a esta pregunta requiere tomar en cuenta una variedad de factores, que demandan un largo análisis. El primero que habría que tomar en cuenta es la fragilidad del aparato judicial. Ésta puede ser la causa principal de la alta tasa de impunidad que registra el país. El segundo es la falta de una política social, dirigida a la inserción socioeconómica de los sectores mas deprimidos de la sociedad. Estos sectores son –en todas partes-, por causa de la pobreza, la cantera que produce el recurso humano, del que se alimentan las organizaciones delincuenciales.    

Informantes a sueldo: tratamiento simple de un problema complejo

En un país donde los miembros de la sociedad civil están expuestos permanentemente a las acciones de los actores violentos, la idea del presidente Uribe de crear redes de informantes, en el medio universitarios y en el gremio de los taxistas, pone en evidencia la falta de audacia del actual gobierno, para tratar uno de los temas más complejos en una sociedad urbanizada, como la nuestra,  en materia de seguridad pública: la seguridad ciudadana.

En lo que toca al gremio de los taxistas, la medida no es sana por dos aspectos. De un lado terminará por aumentar la exposición de las personas, que trabajan en este sector del transporte, frente a los criminales. Por el otro creará recelo entre los usuarios de dicho servicio, pues en ninguna parte del mundo los grupos de personas identificados abiertamente como informantes de los organismos de seguridad estatales, generan confianza entre la ciudadanía. Eso lo saben hasta los simples lectores de novelas y cómics policíacos.

Desde hace ya mucho tiempo, los taxistas son, como lo informó el comandante de la policía de Cali, Gustavo Ricaurte, al diario El País, un sector bastante permeado por el hampa. Ésta se mimetiza dentro de este sistema de transporte público, para cometer todo tipo de delitos contra sus usuarios y contra los mismos taxistas. La estrategia gubernamental de los taxistas informantes, dirigida a combatir el crimen organizado o el hampa común, terminará aumentado los niveles de vulnerabilidad de este gremio. Sabido es, de vieja data, que en el medio criminal muchas de las muertes que se producen tienen por objeto vengar las delaciones.

La vulnerabilidad, que presentan los trabajadores de este sector del transporte frente a las acciones del crimen, es un asunto pretérito. Una simple revisión de las páginas judiciales nos da cuenta que en el país, por todas partes, los taxistas se cuentan entre las victimas preferidas de los criminales.

Como no queremos hacer afirmaciones sin sustentarlas con ejemplos concretos, traemos a colación varios casos extraídos de la crónica policial. El diario El País de Cali informó en diciembre pasado, que solamente en esa ciudad se produjeron 14 asesinatos de taxistas en 2009. Si tomamos como referente las estadísticas del Canadian Taxi Driver Homicides, que lleva el record de los taxistas asesinados en Canadá después de 1917, la cifra es similar a la registrada por este país norteamericano en los últimos 14 años.

Por su parte El Canal RCN informó que en Barranquilla, en el último año, fueron asesinados 20 taxistas por la delincuencia común. La suma de los taxistas asesinados, en 2009, en Cali y Barranquilla, equivale al número de taxistas asesinados en la ciudad de Nueva York en los últimos 10 años. De acuerdo con Taxi Driver Memoriam List, en el año 2000, que fue el año más cruento para los taxistas de la Gran Manzana, se registraron allí 11 asesinatos de taxistas en servicio. Resulta paradójico que Nueva York, que tiene fama de ser una ciudad violenta y que podría contener 6 veces la población de las dos ciudades colombianas referidas, tenga una tasa más baja de violencia contra los taxistas.

En Colombia, las acciones de los delincuentes contra los taxistas no se limitan sólo a las grandes ciudades. El Diario del Huila, en su edición del  3 de Diciembre de 2009, nos informa que en Gigante, un municipio secundario de ese departamento, fue asesinado el 19 de agosto de 2008, José Luis Bahamón Rojas, un joven taxista de 21 años. Lo asesinaron “para hurtarle el taxi”. El diario El Tiempo informó que el 5 de marzo de 2009 fue asesinado, entre Simijaca y Chiquinquirá, José Yesid Rendón, de 25 años de edad, taxista de Otanche. El cinco de febrero de 2010, el diario La Opinión de Cúcuta, nos informa que en esa ciudad fronteriza los cadáveres de tres hombres fueron encontrados en el baúl de un taxi.

La criminalidad contra los taxistas se remonta bien lejos en el tiempo y las cuentas, de este rosario criminal, las podríamos ampliar citando noticias más antiguas. Es tan alto el nivel de inseguridad que se registra en este sector del transporte que, en septiembre de 2007, el portal de Internet argentino Offnews publicó una nota, que resume bien lo que está sucediendo con los taxistas en el país. Informaba dicho portal –que reproduce noticias de todo el continente- que, dado el alto número de acciones criminales en su contra, los taxistas en Colombia, para protegerse, habían contribuido al “auge de los taxis ‘blindados’” en la capital de la republica.

En lo que concierne al peligro para los ciudadanos el asunto no es una simple conjetura. Los taxistas desde hace rato son vistos por los usuarios de su servicio, como miembros de un gremio poco fiable. Esto se debe al alto número de acciones criminales asociadas a este sector del transporte. Un ejemplo concreto que respalda lo anterior, lo constituye la célebre modalidad de atraco, conocida bajo el nombre de paseo millonario.

De nuevo, una mirada al asunto, desde las páginas judiciales, sirve igualmente para reforzar lo dicho. El 23 de mayo de 2008 la columnista de El País de Cali, Ángela Cuevas, en un artículo titulado “Taxistas atracadores”, daba seis números de placa de  “taxis amarillos con todas las de la ley”, “que estaban sembrando el pánico entre la ciudadanía” de Cali. El 12 de mayo de 2009, con ocasión de un paro de taxistas en Bogotá, el diario de los economistas, EcoDiario, informaba que durante los primeros cinco meses de ese año “65 personas habían sido detenidas por haber cometido delitos desde estos vehículos de servicio público”.

El 24 de mayo de 2009, en su blog Procedimientos Policiales Colombia, el comisario de policía Ernesto Emiliano Santamaría informaba que se había “capturado a nueve personas que se hacían pasar por taxistas, pero en realidad se trataba de individuos acusados por homicidio” y de la detención de “doce personas más que aseguraron ser taxistas, sin embargo, estaban dedicadas al hurto de personas, automotores o entidades comerciales”.

Sin entrar aquí a documentar el asunto, queremos simplemente recordar que durante el auge de los grupos paramilitares era popular una leyenda urbana, que afirmaba que en ciertas ciudades intermedias y en las cabeceras municipales más importantes del Bajo Cauca, el Magdalena Medio y el Urabá, estos grupos montaron sus redes de informantes a partir de este servicio de transporte. Esto les permitía saber de buena fuente quienes entraban y salían de allí.

Con respecto a lo anterior, vale aquí retomar de nuevo la opinión de Ángela Cuevas, que refriéndose a los taxistas de Cali, afirma que éstos, en los tiempos de “los carteles de la droga”, fueron utilizados “como espías” por los capos de Cali, “para darse cuenta si sus enemigos del Cartel de Medellín llegaban a la ciudad”.

Es imposible de determinar aquí, con claridad, los peligros que podrían estar asociados a la creación de redes de taxistas informantes –a sueldo- de los organismos de seguridad. Pero el simple hecho de imaginar, que esto pueda pasar en un país, que todavía no se repone del impacto emocional generado por varias centenas de falsos positivo y por las chuzadas a los teléfonos de periodistas, magistrados y políticos de la oposición, pone los nervios de punta.

Si tomamos en cuenta lo informado por las últimas noticias, la sociedad de informantes a sueldo y organismos de seguridad, puede contribuir a producir mayor desconfianza en la ciudadanía. Verdad Abierta acaba de informar que “Jorge Lagos”, el hombre que manejaba la contrainteligencia en el DAS, “reveló un informe sobre cómo funcionarios (de ese organismo) enviaban amenazas y sufragios a sindicalistas, y sindicó a varios directores seccionales de tener nexos con las AUC”.

Por su parte casi todos los medios de prensa informaron la semana pasada, que la Procuraduría Geral de la Nación acaba de pedir que se vincule a “Alberto Romero”, ex Jefe de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), “en el proceso por el asesinato del ex candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa”. Sin detenernos sobre el tema, también vale evocar aquí la reputación poco decente, que tuvo en los años 80 y 90, del siglo pasado, el F2 de la policía. Como olvidar que esa sigla era asociado por el común de la gente a las campañas de limpieza social.

Esos antecedentes nos indican que no es saludable para una sociedad, donde la confianza ciudadana se ha deteriorado por múltiples causas, abrirle la puerta a las redes de taxistas cooperantes. La sola utilización de los términos informantes y cooperantes (recompensados) genera entre los ciudadanos intranquilidad. Más si se tiene en cuenta que en algunas regiones colombianas la gente no ha podido desterrar de su memoria los fantasmas funestos que dejaron a su paso las convivir, las redes de informantes y las detenciones masivas de campesinos, en las que individuos, encapuchados, señalaban a las personas, que debían ser detenidas por los organismos de seguridad.

En Bucaramanga, según lo informó Ángela Castro Ariza, periodista del diario Vanguardia Liberal, (ver nota Taxistas no se le ‘medirían’ a ser informantes ) dicha medida no cayó muy bien entre los mismos taxistas.

Allí éstos “temen de convertirse en “objetivo de los delincuentes o víctimas de retaliaciones”. Curiosamente son los mismos taxistas de esa ciudad, quienes “advierten un peligro mayor: crear ‘falsos positivos’ en el afán de una recompensa económica, denunciando incluso a inocentes por un delito que no cometieron en lo que sería una ‘cacería de brujas’” .

Los taxistas de Bucaramanga han subrayado los principales inconvenientes, que rodean a la medida que propone el presidente. La adopción de una medida de este corte sería nefasta en un país, donde mucha gente orienta su comportamiento, siguiendo esa máxima del argot popular costeño que reza: la plata está hecha lo que hay es que buscarla.

Una política de este tipo le ofrecería a muchos inescrupulosos –con contactos en los medios policiales- la  posibilidad de mejorar su condición social, arruinándole la vida a la gente que no le cae bien. Si bien el gremio de los taxistas está formado mayoritariamente por personas honestas, este tipo de incentivos resultarían corrosivos, para un grupo de trabajadores, que deben laburar entre 10 y 15 horas diarias, el mes completo, para ganarse un salario mensual, que supera apenas, dependiendo de la temporada, el salario mínimo.

El estado de precariedad, que asota al gremio de los taxis en Colombia lo resumió bien Jhonny Rangel. En entrevista concedida al diario El País, en la que describe la situación de los taxistas de Cali, Rangel afirma que en esa ciudad la mayoría de los taxis son de propiedad de personas ajenas al sector. Eso ha llevado a que el trabajo del taxista sea inestable y mal remunerado y que los taxistas sean simple asalariado. Según Rangel en esa ciudad, donde hay treinta mil taxistas, un conductor de taxis debe recorrer diariamente entre 300 y 400 kilómetros, trabajar 12 horas y hacer cien mil pesos “para que le queden $19.000 para llevar a la casa”. A pesar de la intensidad de su trabajo, dicho trabajador no tiene seguridad social, porque con esos ingresos tan magros, no puede pagarla.

Los taxistas colombianos están lejos de gozar de las mismas prerrogativas de las que gozan sus pares en España, Estados Unidos, Corea, el Reino Unido o Tokio. Como nos lo muestra un artículo publicado por el portal Expansion.com, titulado ¿Es rentable ser taxista?, en esos países el trabajo de taxista es uno de los “más estables” y al final de su vida productiva un taxista termina jubilado. Curiosamente, los análisis sociológicos sobre la composición de la sociedad en estos países, nos indican que los taxistas hacen parte de la clase media de la sociedad, al lado de los miembros de connotadas profesiones liberales

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